2012: el año en el que el Gobierno del PP acabó con los derechos sociales y laborales y los sindicatos convocaron dos huelga generales


Para CCOO, 2012 ha sido, desde el punto de vista social y laboral, el peor año de la democracia, con el paro desbocado, el Estado de bienestar bajo mínimos, la sanidad y la educación públicas amenazadas, y el derecho del trabajo destrozado.

foto 11 mConcluye 2012. Y lo hace con el peor balance de gestión económica y laboral de un Gobierno en el periodo democrático. Para CCOO estamos ante el mayor ataque al Estado de bienestar, a los derechos sociales y al derecho del trabajo de la reciente historia democrática, y las dos huelgas generales que han tenido lugar el 29 de marzo y el 14 de noviembre en respuesta a estas políticas así lo demuestran. La crisis económica y financiera que en mayor o menor medida sufren las economías europeas, ha sido la excusa que ha servido a este gobierno para activar un ambicioso programa de contrarreformas y de eliminación de derechos sociales y laborales que dibujan un país, un Estado de bienestar y unas instituciones democráticas a la cola de la Unión Europea.

La economía española vive por cuarto año consecutivo la severa crisis iniciada el segundo trimestre de 2008. La tasa de destrucción de empleo en 2012 vuelve a repuntar (4,5% anual) a un nivel muy superior a la de los dos años precedentes, a la vez que se reduce significativamente el número de personas ocupadas (-837.000, de las que 200.000 corresponden al sector constructor y 228.000 a empleo público).

CCOO cree que el Gobierno español, unas veces exigido por las autoridades europeas y otras, animado por su propio ideario ultraliberal, ha cedido a las presiones de las instituciones financieras para activar una dogmática política antidéficit y sacrificar la actividad económica y el empleo. Un camino que nos ha conducido a tasas históricas de desempleo, acariciando ya los 6 millones de personas en paro (798.000 en el año 2012). De sus políticas solo se han librado las élites económicas y financieras, que  han mantenido o mejorado su situación, mientras la inmensa mayoría de la sociedad española ha visto empeorar sus condiciones de vida.

En un año de gobierno, la derecha española y también la derecha nacionalista han quebrado el sistema de relaciones laborales, han desequilibrado la negociación colectiva a favor del empresario, han facilitado y abaratado el despido, han debilitado el muy insuficiente Estado de bienestar y los servicios públicos, han levantado acta de defunción de la ley de dependencia, han golpeado una y otra vez el poder adquisitivo de pensionistas y empleados públicos y anuncian fuertes recortes en el sistema público de pensiones, han privatizado la sanidad y recortado sus prestaciones, han conducido la educación a tiempos preconstitucionales, han acabado con el acceso gratuito a la justicia, amenazan los derechos civiles como el matrimonio homosexual y el aborto, y no ha dudado en derivar el conflicto social a un conflicto de orden público, recurriendo con frecuencia al poder coercitivo del Estado.

Un año de gobierno en el que hemos asistido a un gigantesco fraude democrático, después de comprobar como el programa electoral con el que el PP ganó las elecciones el 20 de noviembre de 2011, ha sido arrinconado y sustituido por otro radicalmente distinto. La última manifestación de este fraude es la no revalorización de las pensiones y el anuncio de nuevos recortes en el sistema público. Prácticamente todos los sectores sociales sufren las consecuencias de las políticas de ajuste y recortes del Gobierno de Mariano Rajoy. La constitución de la Cumbre Social a finales de julio de este año -una iniciativa de CCOO y UGT, que reunió a centenar y medio de organizaciones sociales, culturales y profesionales y que ya ha celebrado cinco reuniones desde entonces- ha servido para canalizar la respuesta ciudadana a las medidas del Gobierno, y ha sido también la plataforma que ha puesto en marcha la exigencia de un referéndum para que la ciudadanía se pronuncie sobre un programa de recortes que no se presentó a las elecciones.

CCOO cree que el camino elegido por el Gobierno conduce inexorablemente a más recesión y más paro, y nos acerca a la situación de Grecia, Irlanda y Portugal. La actuación irresponsable de las autoridades comunitarias y de los gobiernos nacionales de sacrificar políticas de crecimiento y creación de empleo para centrarse exclusivamente en la contención del déficit, siguiendo los dictados de la canciller Merkel, está provocando un creciente y sostenido conflicto social en toda Europa. Por primera vez en la reciente historia democrática, los trabajadores europeos convocados por la CES, protagonizaron el 14 de noviembre de 2012 una Jornada de movilización y solidaridad continental, que en España, Portugal, Italia y Grecia derivó en huelga general, en la que participaron millones de trabajadores y ciudadanos, tanto en la huelga como en las manifestaciones que se produjeron durante la Jornada de movilización.  El desmantelamiento del Estado de bienestar y la eliminación de derechos civiles y democráticos choca frontalmente con el movimiento sindical y con la inmensa mayoría del tejido social organizado. CCOO anuncia su firme propósito de combatir estas políticas y de mantener vivo el conflicto social si no se produce un cambio radical de las mismas.

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