El proyecto de Ley de Tasas encarece el acceso de los ciudadanos a la Justicia


Para la inmensa mayoría de las personas acudir a los Tribunales se va a convertir en un lujo, como consecuencia de la elevación de las costas en un número importante de asuntos judiciales que contempla el proyecto de Ley.

Los secretarios de Participación Institucional de CCOO, Laura Pinyol, y de UGT, Frederic Monell, se han dirigido por carta a los responsables de los  Ministerios de Justicia y de Empleo y Seguridad Social, Alberto Ruiz Gallardón y Fátima Báñez, para trasladar las objeciones y propuestas de ambos sindicatos al proyecto de Ley que regula determinadas tasas de la Administración de Justicia.

Laura Pinyol y Frederic Monell consideran que proceder a elevar los costes para un número importante de asuntos judiciales no puede verse como un hecho favorecedor de la justicia, sino como un condicionante según la capacidad económica.

En su opinión, cuando los ciudadanos y las organizaciones acuden a los Tribunales para impugnar disposiciones de carácter general, además de defender sus derechos, están realizando una labor de interés para el propio Estado, que no debería estar sometida a cargas económicas pues rebaja las posibilidades de participación pública por esta vía judicial.

El Proyecto de Ley establece tasas judiciales en todos los ordenes jurisdiccionales excepto en el penal, y supone la aportación de cantidades de cierta importancia en diversos  momentos del procedimiento. Los trabajadores están exentos en los pleitos que tengan con el empresario o en materia de prestaciones de Seguridad Social (aunque no está  suficientemente claro), sin embargo no hay exención en materia de prestaciones de dependencia.

Por otro lado, para CCOO y UGT el “listón económico” de las personas con derecho a justicia gratuita es muy bajo, doble del SMI con pagas extras con independencia de las cargas familiares, lo supone que para la inmensa mayoría de las personas acudir a los Tribunales se va a convertir en un lujo, porque además de pagar al abogado y al procurador propio y el de la otra parte, hay que abonar 300 euros si se pierde en un procedimiento ordinario y otros  800 euros para la apelación.

Fuente: CCOO

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